En estos tiempos de desendeudamiento y reservas excedentes, repasar la historia de la deuda externa en el período democrático da un poco de vergüenza ajena. Sobre todo cuando muchos de los que hoy pretenden dar clases de economía o que con sus votos en el Congreso definen el futuro del país fueron los responsables de llevar adelante políticas de endeudamiento que condujeron al hambre y la miseria a los argentinos. Cuando recuperamos la democracia, en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín asumió con una deuda externa de 46 mil millones de dólares. El gobierno militar la había incrementado en más de 400 por ciento producto, entre otras barbaridades, de la estatización de la deuda privada de Celulosa Argentina, Cogasco, Autopistas Urbanas, Perez Companc, Acindar, Bridas, Fiat (de Mauricio y Franco Macri), Loma Negra y Alpargatas, entre otras, por 15 mil millones de dólares. En las arcas del Banco Central había tan sólo 387 millones de dólares. El ministro de Economía, Bernardo Grinspun, tuvo en principio la decisión de confrontar con el FMI, sus acuerdos stand by y sus “exigencias”, también discutir la legitimidad de la deuda (por ejemplo, tres días antes de dejar el poder los militares incrementaron la deuda en 1.528 millones de dólares) y la formación de un Club de Deudores con otros países latinoamericanos. Pero los problemas económicos se llevaron puesta a esta política y al propio ministro, que fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille, que con los Planes Austral y Primavera sometió a la Argentina a las recetas del FMI que llevaron a la hiperinflación y a incrementar la deuda externa hasta los 65 mil millones de dólares. En abril de 1988, el gobierno radical dejó de pagar la deuda y trató de utilizar ese dinero para frenar la inflación y redujo las reservas del Bcra, en un solo año, en 1.700 millones dólares.El endeudazo
La llegada al gobierno del actual senador Carlos Menem y las políticas de dependencia enmarcadas en el Consenso de Washington fueron aún más letales para la Argentina. Aquel peronismo llegó al poder de la mano de la Revolución Productiva y la trocó por la Reforma del Estado y la Emergencia Económica. A partir de agosto de 1989 comenzaron a girarse pagos mensuales de 40 millones de dólares que luego se transformarían en 70 millones. Y la deuda siguió incrementándose con el proceso privatizador ya que el inciso 12 del artículo 15 de la ley 23.696 establecía que el Estado se haría cargo de las deudas totales o parciales de las empresas privatizadas. Con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, comenzó en 1991 el Plan de Convertibilidad y con él el Plan Brady que renegociaba vencimientos por 28.800 millones de dólares con emisión de nuevos títulos, los Par y Discount, que hoy el gobierno de Cristina Fernández intenta pagar con reservas. Sus laderos eran Horacio Liendo y Daniel Marx, que hoy siguen siendo presentados y consultados como “expertos” por los grandes medios. A pesar del dinero que supuestamente ingresó por las privatizaciones (se supone que deberían ser unos 40 mil millones de dólares), la deuda externa creció un 123 por ciento. En 1995 se tomó un Préstamo Contingente por 7 mil millones de dólares a través de una serie de bancos y empezó a pagar 200 millones por año como prima del seguro. Uno de esos bancos era el JP Morgan y su jefe de Investigación de Estrategias y Divisas no era otro que el gran guardián de nuestras reservas, el actual lilito Alfonso Prat-Gay.
Con la llegada del radical Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, se firmó en diciembre de 2000 el llamado “Blindaje financiero”, que no era otra cosa que la llegada de 40 mil millones de dólares en préstamos para pagar vencimientos de deudas que sólo profundizaron la crisis y el endeudamiento. La Alianza no tuvo mejor idea que recurrir a Domingo Cavallo (el mismo de la estatización de la deuda en 1982 y del Plan Brady de 1992), que negoció con el Tesoro de Estados Unidos lo que se conoció como el Megacanje, un eufemismo que escondía un nuevo endeudamiento externo para pagar viejas deudas, que era renegociaciones de deudas anteriores y así podríamos llegar a 1957, cuando el país recibió el primer crédito stand by del FMI o, más lejos aún, a 1824, cuando recibió el primer financiamiento externo, de la firma Baring Brothers, que prestó un millón de libras esterlinas y de las que sólo llegaron al país 560 mil. El Megacanje, de junio de 2001, consistía en postergar los vencimientos de deuda por 12 mil millones a pagar entre 2006 y 2031 con intereses usurarios que llevaban a transformar esa deuda de 12 mil millones a 55 mil millones. Tan escandaloso fue que Cavallo, Marx y otros banqueros terminaron procesados. Poco antes de este Megacanje, Cavallo había intentado nombrar a Prat-Gay como vicepresidente del Bcra. El Senado rechazó su pliego porque no había transcurrido el tiempo suficiente para pasar de ser el representante de los bancos que endeudaban al país a funcionario público que debía defender nuestras divisas. Cuando la Argentina, acosada por el estallido de la Convertibilidad, quiso cobrar el seguro de aquel Préstamo Contingente, los bancos se negaron a pagarlo. Quien debía hacer el reclamo no era otro que el presidente del Bcra: Alfonso Prat-Gay. Jamás movió un dedo.
Con la pesificación asimétrica de Eduardo Duhalde, la diferencia entre un peso y 1,40 del valor del dólar que debían pagar los bancos la terminó solventando el Estado con la emisión de bonos, generando un incremento de la deuda externa de 50 mil millones de dólares. La historia del kirchnerismo es más conocida: quita de 65 por ciento a los bonistas, cancelación de la deuda con el FMI, negociaciones para pagar la deuda con el Club de París y, recientemente, el Fondo de Desendeudamiento para pagar a los holdsout con reservas del Bcra que acaba de ser confirmado por la Justicia y que hicieron que, en seis años, la deuda externa apenas aumentara un diez por ciento, fundamentalmente, por la acumulación de intereses de aquellas viejas deudas.
Así está el debate en estos días. La oposición, que supo formar el famoso Grupo A para luchar unida por el reparto de cargos en el Congreso, tiene opiniones disímiles para proponer la mejor forma de los vencimientos de deuda de 2010. Los mismos que no dudaron en endeudarse para esto en otras épocas hoy se niegan al pago con reservas. Así lo manifestaron Federico Pinedo, del PRO, y la lilita Fernanda Reyes. Junto a Roberto Mouillerón, del Peronismo Federal, y Rubén Lanceta, de la UCR, coinciden en que el pago de la deuda se soluciona reabriendo el Presupuesto y modificando el índice de precios del Indec para generar confianza en los mercados. Aunque habría que recordarles que el Indec andaba bastante bien cuando estos partidos endeudaron al país entre 1983 y 2003. Pinedo, en concordancia con Mauricio Macri, propone endeudarse con tasas de dos dígitos.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, en cambio, propone no pagar la deuda ilegítima y utilizar las reservas para emprendimientos productivos. También, en sintonía con su jefe, Pino Solanas, propone compensar el desfinanciamiento presupuestario gravando la renta financiera, recuperando el ciento por ciento de los aportes patronales, aumentando el impuesto a las Ganancias y creando un bono compulsivo para los bancos de 31 mil millones de pesos.
Más allá de las diversas posturas ideológicas, por ahora están de acuerdo en decir que no.
Fuente: Caras y Caretas
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